Gobierno Boliviano rechaza propuesta de Directiva de la Unión Europea para sancionar a empleadores de inmigrantes irregulares
El gobierno de Bolivia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la inminente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, sobre la Nueva Directiva de la Unión Europea en materia migratoria, donde se establecen sanciones aplicables a los empleadores de migrantes irregulares nacionales de terceros países, manifiesta su total rechazo a esa medida en consideración al principio del irrestricto respeto a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
La Cancillería de la República mediante un comunicado expresa su profunda preocupación por el alcance de esta medida que prioriza el control fronterizo y la seguridad, asimismo considera que dicha determinación pretende frenar el acceso a fuentes laborales del migrante indocumentado, generando de esta manera mayor vulnerabilidad y permitiendo se den las condiciones para que el extranjero sea víctima de una política migratoria represiva.
La Directiva de la Unión Europea ha confirmado que los días 18 y 19 de febrero el Parlamento Europeo aprobará formalmente durante su próxima sesión plenaria en Bruselas y donde ya existe una decisión plena del Parlamento Europeo para imponer sanciones penales a dichos empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular.
El gobierno boliviano lamenta igualmente la reposición de ciertas prácticas xenófobas y racistas que han intentado ser eliminadas por la comunidad internacional desde la segunda guerra mundial. Del mismo modo, exhorta a los Estados de la Unión Europea a la revisión y reconsideración de tal medida, tomando en cuenta los acuerdos internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados en los ámbitos e instancias internacionales.
Cerca de medio millón de bolivianos en diversos países de Europa, estaría en riesgo de perder sus actuales condiciones laborales y que pondría en mayor estado de vulnerabilidad a quienes no cuenten con documentación al día, si se impone con rigurosidad las sanciones de esta medida contra los migrantes en situación irregular.
CAN, UNASUR, GRUPO DEL RIO rechazan la medida
Mediante comunicados en sus propios países de las organizaciones como la Comunidad Andina de Naciones, CAN, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, El Grupo del Río, han rechazado por separado, la propuesta de la Directiva, expresando su profunda preocupación ante tal medida.
La CAN, mediante un comunicado señala que su “posterior aplicación tendrá un impacto negativo en las personas migrantes, ya que la sanción a los empleadores de los mismos, eliminará toda posibilidad de que los inmigrantes alcancen la realización de sus objetivos por los que han viajado a Europa”.
Por su parte, en un proyecto de Declaración de la UNASUR, “sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente dicha propuesta y expresan, su profunda preocupación ante esta nueva medida que al privilegiar los conceptos de seguridad, control fronterizo, represión y migración selectiva, aleja a Europa de principios tales como la solidaridad, la defensa de los derechos humanos, uno de los cuales es la movilidad humana y la búsqueda del desarrollo…”
Finalmente la Declaración del Grupo del Río considera que “la llamada Directiva de Retorno y esta nueva iniciativa no ofrecen una respuesta integral a los flujos migratorios hacia la Unión Europea, sino que por el contrario, tienen el potencial de agravar las condiciones de vulnerabilidad de las personas en situación irregular y poner en riesgo el respeto a sus derechos humanos y sus condiciones de trabajo”.
Todas las organizaciones coinciden en “hacer un llamado al Parlamento Europeo a revisar la dirección que esta tomando la aprobación de las normas comunes en materia migratoria, convocando a abordar el fenómeno migratorio mediante el diálogo”. (…).
Asimismo, “a tomar en cuenta los instrumentos internacionales y las resoluciones adoptadas en el seno de las Naciones Unidas, respecto del irrestricto respeto a los derechos humanos, entre ellos, la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias”.
Sanciones
La Directiva introduce penas mínimas a escala europea, entre ellas multas, la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas, tanto nacionales como europeas, durante un periodo de cinco años y el pago de los salarios atrasados.
La legislación española prevé multas de entre 6 mil a 60 mil euros por cada trabajador en situación irregular.
La Directiva establece que los castigos no se impondrán sólo a las personas físicas que infrinjan la normativa, sino que también se aplicarán a las personas jurídicas, algo que la legislación española no contemplaba.
Sanciones penales
El texto prevé la aplicación de sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si se contrata a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona contratada es víctima de tráfico de seres humanos o si se trata de un niño/niña.
Si el empleador de un inmigrante en situación irregular es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios también serán considerados responsables.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha conseguido obligar a los estados miembros a que publiquen la lista de empresarios que infrinjan la Directiva.
El gobierno de Bolivia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la inminente aprobación por parte del Consejo de Ministros de la Unión Europea, sobre la Nueva Directiva de la Unión Europea en materia migratoria, donde se establecen sanciones aplicables a los empleadores de migrantes irregulares nacionales de terceros países, manifiesta su total rechazo a esa medida en consideración al principio del irrestricto respeto a la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
La Cancillería de la República mediante un comunicado expresa su profunda preocupación por el alcance de esta medida que prioriza el control fronterizo y la seguridad, asimismo considera que dicha determinación pretende frenar el acceso a fuentes laborales del migrante indocumentado, generando de esta manera mayor vulnerabilidad y permitiendo se den las condiciones para que el extranjero sea víctima de una política migratoria represiva.
La Directiva de la Unión Europea ha confirmado que los días 18 y 19 de febrero el Parlamento Europeo aprobará formalmente durante su próxima sesión plenaria en Bruselas y donde ya existe una decisión plena del Parlamento Europeo para imponer sanciones penales a dichos empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular.
El gobierno boliviano lamenta igualmente la reposición de ciertas prácticas xenófobas y racistas que han intentado ser eliminadas por la comunidad internacional desde la segunda guerra mundial. Del mismo modo, exhorta a los Estados de la Unión Europea a la revisión y reconsideración de tal medida, tomando en cuenta los acuerdos internacionales que sobre derechos humanos han sido adoptados en los ámbitos e instancias internacionales.
Cerca de medio millón de bolivianos en diversos países de Europa, estaría en riesgo de perder sus actuales condiciones laborales y que pondría en mayor estado de vulnerabilidad a quienes no cuenten con documentación al día, si se impone con rigurosidad las sanciones de esta medida contra los migrantes en situación irregular.
CAN, UNASUR, GRUPO DEL RIO rechazan la medida
Mediante comunicados en sus propios países de las organizaciones como la Comunidad Andina de Naciones, CAN, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, El Grupo del Río, han rechazado por separado, la propuesta de la Directiva, expresando su profunda preocupación ante tal medida.
La CAN, mediante un comunicado señala que su “posterior aplicación tendrá un impacto negativo en las personas migrantes, ya que la sanción a los empleadores de los mismos, eliminará toda posibilidad de que los inmigrantes alcancen la realización de sus objetivos por los que han viajado a Europa”.
Por su parte, en un proyecto de Declaración de la UNASUR, “sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente dicha propuesta y expresan, su profunda preocupación ante esta nueva medida que al privilegiar los conceptos de seguridad, control fronterizo, represión y migración selectiva, aleja a Europa de principios tales como la solidaridad, la defensa de los derechos humanos, uno de los cuales es la movilidad humana y la búsqueda del desarrollo…”
Finalmente la Declaración del Grupo del Río considera que “la llamada Directiva de Retorno y esta nueva iniciativa no ofrecen una respuesta integral a los flujos migratorios hacia la Unión Europea, sino que por el contrario, tienen el potencial de agravar las condiciones de vulnerabilidad de las personas en situación irregular y poner en riesgo el respeto a sus derechos humanos y sus condiciones de trabajo”.
Todas las organizaciones coinciden en “hacer un llamado al Parlamento Europeo a revisar la dirección que esta tomando la aprobación de las normas comunes en materia migratoria, convocando a abordar el fenómeno migratorio mediante el diálogo”. (…).
Asimismo, “a tomar en cuenta los instrumentos internacionales y las resoluciones adoptadas en el seno de las Naciones Unidas, respecto del irrestricto respeto a los derechos humanos, entre ellos, la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias”.
Sanciones
La Directiva introduce penas mínimas a escala europea, entre ellas multas, la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas, tanto nacionales como europeas, durante un periodo de cinco años y el pago de los salarios atrasados.
La legislación española prevé multas de entre 6 mil a 60 mil euros por cada trabajador en situación irregular.
La Directiva establece que los castigos no se impondrán sólo a las personas físicas que infrinjan la normativa, sino que también se aplicarán a las personas jurídicas, algo que la legislación española no contemplaba.
Sanciones penales
El texto prevé la aplicación de sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si se contrata a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona contratada es víctima de tráfico de seres humanos o si se trata de un niño/niña.
Si el empleador de un inmigrante en situación irregular es un subcontratista, el contratista principal y los intermediarios también serán considerados responsables.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha conseguido obligar a los estados miembros a que publiquen la lista de empresarios que infrinjan la Directiva.
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